Ministerio Público ha presentado 23.327 acusaciones por casos de drogas

Desde el 2008 cuando inició su gestión la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta octubre de 2010, el Ministerio Público ha presentado un total de 23.327 acusaciones en los tribunales contra personas que guardan relación con delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas.

La cifra se desprende del informe actual de la Dirección Contra las Drogas del Ministerio Público, en el cual se detalla que ese total de acusaciones, 14. 642 se han traducido en sentencias condenatorias y 810 absolutorias, para un total de 15.452 sentencias, cifra que sugiere un promedio de efectividad de los fiscales de 95%.

Hay que destacar que del total de sentencias condenatorias (14. 642)), 58% fueron a través de la admisión de hechos, es decir, que los acusados, en audiencia preliminar o antes del inicio de la audiencia de juicio, admitieron su responsabilidad, lo que refleja la contundencia de los medios de prueba presentados por los fiscales del Ministerio Público.

En cuanto a la destrucción de drogas, el Ministerio Público en sincronía con los demás entes involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ha logrado coordinar y supervisar la destrucción de 127.742 kilos de diferentes drogas, en 425 actos realizados en todo el territorio nacional.

Respecto a la incautación de bienes, el Ministerio Público, a través de su Dirección Contra las Drogas, y demás organismos de seguridad de Estado, ha logrado desarticular estructuras poderosas económicas y financieras de grandes redes dedicadas a esta actividad ilícita y a la legitimación de capitales, tal es el caso de Hermágoras González y la familia Makled, a quienes en conjunto hasta ahora se logrado incautar 800 millones de Bs.F. en bienes.

Ante esta situación, la Fiscal General logró incrementar la plantilla de fiscales especializados en materia de drogas (40 fiscalías en total); así como el número de fiscales auxiliares.

No obstante, hay que destacar que el Ministerio Público no se ha caracterizado sólo por la persecución y castigo de este delito sino también en la prevención, pues desde el 2008 se han dictado distintos talleres en comunidades del Área Metropolitana de Caracas y en todo el país, a fin de combatir el consumo de drogas desde el hogar y las escuelas.

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Ministerio Público citó en calidad de testigos a los conductores de Aló Ciudadano por caso de declaraciones de Oswaldo Álvarez Paz

Para el próximo lunes 15 de marzo

(Caracas, 11 de marzo de 2010) El Ministerio Público citó en calidad de testigos al moderador del programa Aló Ciudadano, Leopoldo Castillo, a las comunicadoras sociales Sheila Chang Montero, Andreína Fuenmayor y Mariana Reyes y a otros tres integrante del referido espacio televisivo, trasmitido por Globovisión, a raíz de la investigación por las declaraciones del ex gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz.

Este caso se inició tras la denuncia formulada, ante el Ministerio Público, por los diputados de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba y Pedro Lander, el pasado martes 9 de marzo.

En ese sentido, ante la sede de la Fiscalía 21° Nacional, a cargo de Gineira González, deberán acudir, el próximo 15 de marzo, el conductor del programa Leopoldo Castillo y las comunicadoras Sheila Chang Montero y Andreína Fuenmayor, a las 8:30 y 9:30 am y 12:00 meridiem respectivamente.

Asimismo, fueron citadas en calidad de testigos la periodista Mariana Reyes y los productores Nexy Aldana, María Gabriela Puche y Rosa María Atencio, quienes deberán comparecer el citado día, a las 10:30, 11:00 y 11:30 am y 12:30 pm.

El pasado lunes 08 de marzo, de acuerdo con la denuncia interpuesta por los parlamentarios, el dirigente político de oposición habría realizado varios señalamientos en contra del país, entre ellas que "Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico".

Los diputados denunciaron que las declaraciones de Álvarez Paz presuntamente constituían una instigación al odio en contra de las instituciones y los habitantes del país.

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Fiscal General : Existen tres órdenes de aprehensión contra líder del colectivo La Piedrita

(Caracas, 09 de febrero de 2009) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que en contra de Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, existen tres órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales.

Así lo declaró al intervenir telefónicamente en un programa de radio, de la emisora Unión Radio, durante el cual agregó que dichas órdenes se tramitaron en los años 2007, 2008 y enero de 2009.

Aclaró que el Ministerio Público no está facultado para ejecutar las órdenes de aprehensión; que corresponde al tribunal de control librar las mismas y a los organismos policiales ejecutarlas.

Recordó, asimismo, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de libertad, de ser juzgado en libertad.

Sin embargo, si la persona demuestra que no tiene disposición de someterse al proceso penal y no acude a los llamados del Ministerio Público, existe la presunción del peligro de fuga y, por consiguiente, se pide una orden de captura.

Al ser consultada sobre los señalamientos hechos por el colectivo La Piedrita acerca de que está en peligro la vida de Valentín Santana, la Fiscal General señaló que hasta ahora no ha recibido denuncia formal suscrita por esa persona. "Yo no tomo las denuncias que se hagan en los medios de comunicación, porque no tengo oficinas en los medios".

Explicó que en oportunidades ella misma ha gestionado que se le otorgue medida de protección a cualquier persona cuando esta se siente amenazada.

Por otro lado, la Fiscal General de la República también se refirió a la investigación que se adelanta por los hechos ocurridos entre el 30 y el 31 de enero en la Sinagoga judía. Al respecto agregó que desde el mismo momento de los hechos, el Ministerio Público, como en todos los casos, asignó dos fiscales, uno nacional y otro del área metropolitana de Caracas, para conocer del hecho.

Indicó que hubo pronunciamientos rechazando lo ocurrido, pero que lo más grave fue que sectores del país, sin conocer la forma en la cual ocurrieron los hechos, atribuyeron la responsabilidad al Estado venezolano, calificándolo de antisemita.

Destacó que de acuerdo con la investigación, existen elementos que permiten determinar que hubo complicidad interna en esta acción, de personas que trabajan en la Sinagoga.

Precisó que, como en todos los casos, el Ministerio Público va a determinar las responsabilidades de quien sea. Puntualizó que no tiene interés en ninguna causa o persona en particular y que su único interés es que prevalezcan las leyes y la justicia.

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Detienen a siete funcionarios y cuatro civiles por caso de la Sinagoga de Caracas

(Caracas, 08 de febrero de 2009) En las próximas horas, el Ministerio Público presentará ante el Tribunal de Control correspondiente del Area Metropolitana de Caracas a 11 personas, entre ellas 5 policías metropolitanos, una detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), un funcionario de la Policía de Caracas y cuatro civiles, quienes presuntamente estarían involucrados en el hurto de la Sinagoga judía, ubicada en el sector de Maripérez, hecho ocurrido la noche del 30 y la madrugada del pasado 31 de enero.

El fiscal 41° nacional y su auxiliar, Cristian Quijada y Gustavo Li Chang, respectivamente, imputarán a los cabo segundos de la Policía Metropolitana Frank Luis Piñate, Francisco José Pérez Díaz y a Edgar Alexander Cordero, éste último adscrito a la zona 6 de la PM; así como al distinguido Charlys Angelo, y al agente José Milla, también pertenecientes al mismo organismo de seguridad, por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo serán imputados la detective del Cicpc, Yadira Torres (adscrita a la División Contra Homicidios); al subinspector de la Policía de Caracas, Luis Eduardo Castillo Guerrero (adscrito a la Brigada Motorizada), y al oficial de seguridad de la Sinagoga, Víctor Eduardo Escalona Lovera, quien había sido citado en calidad de imputado para el 13 de febrero, por el Ministerio Público.

También fueron detenidos tres ciudadanos, quienes responden a los nombres de Rafael Enrique y Harvey Enrique Colina Mogollón, y Orlando José Pérez Díaz. Tales personas fueron aprehendidas durante allanamientos realizados el sábado y madrugada de este domingo en distintas zonas de Caracas, e igualmente serán imputados por el Ministerio Público.

En las diferentes visitas domiciliarias, el Ministerio Público recolecto varias evidencias de interés criminalístico. Asimismo fueron decomisadas tres motocicletas, dos de las cuales pertenecen a la Policía Metropolitana y otra particular.

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Seminario Regional sobre la Lucha contra la Corrupción se realizará del 1 al 04 de abril en Caracas

Entre el 01 y el 04 del próximo mes de abril, se realizará en el auditorio del edificio sede del despacho de la Fiscal General de la República, el Seminario Regional sobre la Lucha Contra la Corrupción, evento organizado por el Ministerio Público y la Embajada de Francia.

El seminario, cuyas palabras de apertura estarán a cargo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, contará con la participación, como ponentes, del fiscal general de Ecuador, Washington Pesantes, y el jefe de la Unidad Anti-corrupción de ese país, José Cisneros.

Asimismo en el evento, que tiene como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias en la lucha contra la corrupción, participarán en calidad de ponentes la directora general del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, Carmiña Llorente; el comisario divisionario de la Policía Nacional de Francia, Yves Gibaud, y la fiscal 1üï de la Corte de Apelación de París, Michelle Vaubaillon.

Por nuestro país, participarán como ponentes el fiscal 5üï ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Castillo; los fiscales 57 y 66 nacional del Ministerio Público, Luis Abelardo Velásquez y Jesús Gerado Peña, respectivamente, la directora general de Control de la Administración Nacional Descentralizada de la Contraloría General de la República, Janeth Herdenez, y el auditor general de dicha institución, Silvio Godoy.

Durante el evento se tratarán temas como el valor probatorio de las actuaciones practicadas por los órganos contralores; los mecanismos empleados para la elaboración de las mismos, su incorporación al proceso penal y las declaraciones juradas de patrimonio, como herramienta fundamental para la prueba del delito de enriquecimiento ilícito.

También, se discutirá en relación a la figura doctrinal relevante para las aprehensiones en flagrancia de funcionarios que incurren en delitos de corrupción; los procesos licitarios; el sistema de control interno del sector público; los mecanismos a implantar para establecer controles en los estados de emergencia y el sistema de presupuesto.

Otro temas a abordar, será las medidas adoptadas para fortalecer los sistemas de prevención de los delitos de corrupción y el establecimiento o ampliación de los organismos encargados de su prevención, entre ellos la contraloría social. Finalmente, se tratará el tema de delito de legitimación de capitales, como tipo penal autónomo, en lo referente al tema de la corrupción.

La clausura del evento estará a cargo del jefe de la Cooperación Francesa para América Latina, Bernard Grau.

Fuente: Ministerio Público

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Aprehendido director del Ministerio Público por presunto hecho de corrupción

A solicitud de la fiscal 6° nacional con competencia plena, María Alejandra Pérez, fue librada orden de aprehensión contra el director de Asesoría Técnico Científica del Ministerio Público, Pedro Carvallo, implicado presuntamente en un hecho de corrupción.

Carvallo fue aprehendido este lunes y será presentado en las próximas horas ante el Tribunal 20° de Control, instancia ante la cual el Ministerio Público imputará a Carvallo por la presunta comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción y, en consecuencia, solicitará sea ratificada la medida privativa de libertad en su contra.

Carvallo, quien permanece recluido en la sede de la Disip, en el Helicoide, habría incurrido en el referido hecho tras presuntamente solicitar la cantidad de 300 millones de bolívares a un ciudadano, a cambio de no iniciar una investigación en su contra.

La solicitud de aprehensión fue realizada por la fiscal María Alejandra Pérez el pasado viernes ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del Circuito Judicial del área Metropolitana de Caracas.

En consecuencia, le correspondió al Tribunal 20° de Control del Caracas conocer dicha solicitud, la cual fue acordada y hecha efectiva este lunes por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), quienes aprehendieron a Carvallo en la sede del Ministerio Público, ubicada en la sede de Parque Carabobo.

Tal solicitud se basó en el cumplimiento formal de los extremos legales exigidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Fuente: Ministerio Público

Ministerio Público solicitó sobreseimiento para Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky

El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 7° de Control del área metropolitana de Caracas el sobreseimiento para los alcaldes Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, implicados en la privación ilegítima de libertad de Ramón Rodríguez Chacín, hecho ocurrido el 12 de abril de 2002.

La fiscal 6 Nacional, María Alejandra Pérez, solicitó el beneficio de conformidad con lo dispuesto en el decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, de fecha 31 de diciembre de 2007; y en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la extinción de la pena.

Como se recordará, el Ministerio Público imputó en el 2004 a los alcalde de Baruta y Chacao, Capriles Radonsky y López Mendoza, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en perjuicio del para aquel entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.

El 12 de abril de 2002, funcionarios de las policías de Chacao y Baruta allanaron la residencia del Rodríguez Chacín, ubicada en un sector de la urbanización Santa Fe. Seguidamente, fue detenido y presentado ante el tribunal respectivo por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilícita de arma de guerra y apropiación indebida calificada por poseer un chaleco antibalas y una camioneta perteneciente al MIJ.

Fuente: Ministerio Público

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Sentencian a 8 años de prisión a dos ciudadanos implicados en el tráfico de aproximadamente 10 kilogramos de droga

Tras los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 1° en funciones de Juicio de Táchira sentenció a 8 años de prisión a los ciudadanos Carlos Jesús Palacios Molina y Belkis Cecilia Botello Ovalles, por el transporte de 9574,4 kilogramos de droga, hecho ocurrido el 25 de marzo de 2007, en el Punto de Control La Pedrera, municipio Libertador de esa jurisdicción.

Palacio Molina, de nacionalidad colombiana, y Botello Ovalles, oriunda de San Cristóbal, fueron condenados por los delitos de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y uso de cédulas de identidad falsas, tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el 45 de la Ley de Identificación.

En su debida oportunidad, el Ministerio Público imputó a los ciudadanos antes mencionados, por los delitos de tráfico de estupefacientes y documentación falsa. Durante el acto, los imputados admitieron los hechos.

En consecuencia, el Tribunal 3° en funciones de control del estado Táchira acordó la medida privativa de libertad y acordó como centro de reclusión el Centro penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.

Vale recordar, que los hoy sentenciados fueron aprehendidos el 25 de marzo de 2007, por funcionarios de la Guardia Nacional del Puesto de Control La Pedrera, estado Táchira, luego de que se efectuara una requisa a sus equipajes, cuando ambos ciudadanos abordaban un vehículo.

La droga, tipo cocaína, fue incautada en los forros de ambos equipajes y en las plantillas de un par de zapatos resguardados en dichas maletas.

Fuente: Ministerio Público

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Tribunal sobreseyó a Leopoldo López y 40 militares de la Plaza Francia

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 11° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas acordó el sobreseimiento y cese de las causas a favor del alcalde Leopoldo López y 39 militares, a raíz de los pronunciamientos que se efectuaron en la Plaza Francia de Altamira, desde el 22 de octubre de 2002.

El alcalde López fue sobreseido por los por los delitos de conspiración, rebelión civil, instigación a la insurrección y agavillamiento en grado de complicidad.

Como consecuencia de la solicitud de aplicación del Decreto de Ley Especial de Amnistía, intepuesta, el pasado 8 de enero por el Ministerio Público, el Tribunal 11 de Control "acordó el cese de todas aquellas medidas de coerción personal que les fueron impuestas a los referidos ciudadanos con ocasión de los hechos por los cuales fueron imputados y acusados".

Dentro del grupo de militares beneficiados por la decisión del Tribunal 11° de Control, se encuentra el general ( r ) del Ejército, René Alexander Sericia García, y al general ( r ) de la Aviación, Clinio Ricardo Rodríguez Obermejías, acusados en su debida oportunida por presuntamente estar incursos en los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a delinquir.

La medida también beneficia a los generales de brigada ( r ) de la Guardia Nacional, José Eduardo Rodríguez Infante, Angel Alberto Sánchez Velásco, Eugenio José Añez Núñez, Augusto Germán Dávila Navas, Régulo Humberto Díaz Vega, Marco Antonio Ferreira y a Edgar Ernesto Casanova.

Asimismo, fueron beneficiados los coroneles retirados de la Guardia Nacional, Iván Gabriel Trujillo Contreras, Eduardo Enrique Arias Pernia, Edgar José Torres Rodríguez, Carlos Enrique Hernández Martínez, Héctor Salvador Ortiz Zambrano, Gerardo José Pérez Pernalete, Félix Domingo Grateron Mendoza, Oscar José Silva Hernández, Teolindo de la Trinidad Cordero Rosales, Otilio José Martínez Grimán, Milton José Suárez Viloria, Alexander José Hernández Paz, Jorge Arberto Martínez Rodríguez, Oscar Claret Briceño Domínguez y Henry Gonzalo Escalante Ramírez.

A esta lista de sobreseidos, se suman el teniente ( r ) de la Guardia nacional, Samir José Soler Polanco; el sargento técnico de primera ( r ) de la GN, Simón Darío Vargas Duarte; el mayor ( r ) de la GN, José Antonio Wahab Coronado; al coronel ( r ) de la Aviación, Antonio José Ortega Brouzes; los coroneles retirados del Ejército, José Ricardo Bozza Baduel y Alexander José Raffo Navarro; y los coroneles retirados de la Fuerza Armada Nacional, Carlos Eduardo González Caraballo, Ricardo Gregorio Alfonso Cedeño, Jesús Enrique Fuentes Marval, y el teniente retirado de la GN, Luis José Delgado Michelena.

Tales oficiales fueron imputados y acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de rebelión civil.

También fueron sobreseidos los generales retirados de la GN, Carlos Alfonzo Martínez, Edgar Bolívar Ramírez y Oscar José Márquez; así como al teniente coronel ( r ) de la GN, Miguel Angel Prieto Morales; y al sargento primero ( r ) de la Armada, Ramón Ernesto Guevara, grupo de militares imputados por presuntamente incurrir en los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a delinquir.

La solicitud de sobreseimiento se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 285 de la Constitución, en su ordinal 1°; en el artículo 31, ordinales 1 y 2, y en el 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con los artículos 108, ordinal 7; 48, ordinal 2; y 318 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal.


Caso: general Rodríguez

Cabe destacar que en el escrito del Tribunal 4° en funciones de Control del área metropolitana, juzgado en el que reposaba la causa contra el general Felipe Rodríguez, sólo sobreseyó al militar retirado "única y exclusivamente en lo atinente a los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a la rebelión".

En este sentido, continúa la causa contra el general Rodríguez por su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos en las sedes Diplomáticas de España y Colombia.

Fuente: Fiscalía General de la República

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Ministerio Público ordenó las primeras actuaciones por sucesos ocurridos en la UCV

A las ocho de la noche, los fiscalesNacionales 24, 41, 60 y 24 Auxiliares del Ministerio Público, DidierRojas, Cristian Quijada, Daniel Guedez y Jimmy Hernández, respectivamente,acompañados por el subdirector de Delitos Comunes, Joel Espinoza, quinesse encontraban en la Universidad Central de Venezuela desde las 5 de latarde, culminaron las primeras actuaciones de la investigación que inicióel Ministerio Público con motivo de los hechos ocurridos en la ciudaduniversitaria y que dejaron un saldo de nueve personas lesionadas.

A las 5 de la tarde, una vez designados por el Fiscal General de laRepública, Isaías Rodríguez, los fiscales se trasladaron a la UCV yconstataron los hechos ocurridos y los daños perpetrados en la Escuela deTrabajo Social de la mencionada Casa Estudios. Posteriormente, sereunieron con las siguientes autoridades unversitarias: Eleazar Narváez(rector encargado); Elizabeth Marval (Secretaria); Víctor Rago (Decano dela Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Fulvia Nieves (Coordinadora)y Heorling Melendez (Consultora Jurídica) para solicitarles información ycolaboración a los fines de poder efectuar las primeras actuaciones de estainvestigación, como son la inspección del sitio del suceso, la fijaciónfotográfica y la colección de elementos de interés criminalístico.

Una vez culminada la reunión, los fiscales se trasladaron al HospitalClínico Universitario para constatar el estado de las víctimas y ordenar lapráctica de la medicatura forense. Igualmente, los representantes delMinisterio Público solicitaron a la Comisaria de Santa Mónica del Cuerpo deInvestigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas la realización delas diligencias propias de estos casos.

Con respecto a las víctimas se pudo determinar que hay tres personasheridas por arma de fuego y seis que presentan lesiones por objetoscontundentes. Uno de los heridos por arma de fuego no es estudiante.

El Ministerio Público solicitará al CICPC la realización de las experticiasa los videos que reflejan los hechos y que sean consignados y/o recabadosdurante la investigación.

Fuente: Ministerio Público

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